La gracia de indulto

febrero 6 | En Nacional | Por | Con Sin comentarios

La ley que regula el ejercicio de la gracia de indulto en España data de 1870, modificada levemente por la ley del 14 de enero de 1988. No es una errata: el recurso mediante el que el Ejecutivo puede conceder indultos a penados por sentencia firme existe en nuestra legislación desde hace casi siglo y medio y, en esencia, se ha mantenido en los mismos términos. Recientemente, la polémica acompañó a determinadas casos, como el indulto, a propuesta del Gobierno de José Luis R. Zapatero, del consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, en 2011; o el indulto a un conductor kamikaze cuya infracción se saldó con una víctima mortal y que ha contado con el visto bueno del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hace tan sólo unos días.

Publicación de la Ley de indulto original, 1870

Publicación de la Ley de indulto original, 1870

La gracia de indulto conlleva la remisión total o parcial de las condenas aún no cumplidas por el delincuente, y es concedida por el Rey a propuesta del Ministerio de Justicia. El indulto es una anomalía, una excepción dentro de la Administración de Justicia, pues su objetivo es rectificar la pena impuesta por sentencias firmes. Su sentido es el de reparar la posibilidad de que, en la práctica, la aplicación del código penal pueda ser demasiado rigurosa o inadecuada por otros motivos. No existe un mecanismo encargado de contabilizar sistemáticamente el número y las circunstancias generales de los indultos concedidos, sino que son aprobados individualmente mediante Real Decreto, y éstos, a su vez, publicados en el BOE. Además, constan las ocasionales comparecencias de los sucesivos ministros de justicia respecto de algunos casos que llegan a discutirse en las Cortes. Una investigación de la Sociedad Española de Investigación Criminológica* creó en 2011 una base de datos a partir de las publicaciones del BOE y estableció que entre 2000 y 2008 fueron concedidos 4.667 indultos en España, la mayoría de los cuales recayeron sobre resoluciones impuestas por audiencias provinciales y juzgados de lo penal, mientras que tan sólo el 5% del total fue concedido a casos tramitados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Tampoco queda constancia del origen de la petición de indultos, que pueden ser solicitados por el condenado, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Asimismo, pueden proponer un indulto el Tribunal sentenciador, o el Tribunal Supremo, o el Fiscal de cualquiera de ellos (artículo 20), y la petición será de carácter reservado hasta que el Ministro de Justicia decrete la elaboración del expediente necesario.

El indulto puede ser concedido a los penados por cualquier tipo de delito, con restricciones en casos de condenados reincidentes. De las declaraciones políticas en las Cortes se extrae que, en general, el Ministerio de Justicia evita el uso de la gracia de indulto en determinados delitos que provocan especial rechazo social, como las agresiones sexuales o la violencia doméstica, los delitos de terrorismo, los de corrupción y enriquecimiento ilícito en cargos públicos, los delitos de seguridad vial o la tortura, entre otros. Sin embargo, y observando tan sólo los casos expuestos al inicio, en la práctica también este tipo de delitos son contemplados bajo la gracia de indulto, si bien en menor porcentaje.

En cualquier caso, estamos ante un procedimiento que no contempla una vía de sistematización de datos comparable a la mayoría de los procesos jurídico – administrativos en España, hecho que dificulta la tarea de establecer un marco más específico sobre las circunstancias y variables que promueven un mayor o menor uso del indulto, e imposibilita, en gran medida, su valoración en términos de conveniencia para el buen funcionamiento de nuestro sistema de Administración de Justicia.

 

 

 

*http://www.criminologia.net/reic.php?fecha=2011&edicion=9

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