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Tiempos de Decreto-ley

febrero 6 | En Contexto, Nacional | Por | Con 1 Comentario

Desde la investidura del gobierno de Mariano Rajoy hasta la fecha han sido aprobados 30 Decretos-ley, y durante 2011, último año de gobierno del PSOE, el número de Decretos-ley aprobados fue de 20, una cifra que ya superaba con holgura la media anual desde 2001. Este método legislativo sólo se mantiene vigente, en el ámbito europeo, en España, Italia y Portugal.

El artículo 86 de la Constitución contempla la posibilidad de que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tendrán la forma de Decretos-leyes”. Esto significa que, aunque el Ejecutivo carece de capacidad legislativa, en determinadas circunstancias puede promulgar “Normas no parlamentarias equiparadas a la ley”, es decir, normas jurídicas que no son leyes (porque no han sido aprobadas por el aparato legislativo), pero que tienen fuerza de ley y que provisionalmente funcionan como tal. Por Decreto-ley pueden tratarse normativas incluidas en la ley ordinaria, no así en la ley orgánica, que es aquella relativa a las instituciones básicas del Estado y que en nuestro sistema jurídico hace referencia a los derechos fundamentales de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas y al Derecho electoral general. 

Evolución del número de Leyes y Decretos-ley aprobados en la última década

Evolución del número de Leyes y Decretos-ley aprobados en la última década

El Decreto-ley es una forma de dotar al Ejecutivo de un mecanismo por el que intervenir con rapidez en situaciones urgentes, en las que el aparato legislativo no puede actuar con la suficiente celeridad. Para entender mejor la diferencia entre procesos, pensemos primero en la promulgación ordinaria de leyes en el régimen jurídico español. Los procedimientos más comunes son los Proyectos de Ley y las Proposiciones de Ley, mediante los cuales el Ejecutivo o la Cámara proponen anteproyectos de ley que son discutidos, votados y, en caso de ser aprobados, transferidos al Senado, donde se repite la operación. La iniciativa legislativa puede provenir del Ejecutivo o de los grupos parlamentarios, pero en cualquier caso ambos procedimientos requieren de una discusión y votación en la cámara antes de que los Proyectos y Proposiciones de Ley se hagan efectivos.

Rango jurídico y funcionamiento del Decreto-ley

Las Normas no parlamentarias equiparadas a la ley suponen la vía por la que el Ejecutivo puede dictar normas con rango de ley sin acudir al proceso normal de promulgación de leyes. La más usual es el Decreto-ley, que pasa a ser efectivo de forma inmediata una vez que el Gobierno lo aprueba y publica en el Boletín Oficial del Estado, aunque por ser una disposición provisional ha de ser tramitado en un máximo de 30 días en el Congreso, donde puede ser ratificado o derogado. El camino que recorre es el siguiente:

El Ejecutivo traslada al Congreso el Decreto-ley, que ha de cumplir con los límites materiales (no afectar a las leyes orgánicas), temporales (haber sigo trasladado al Congreso dentro de plazo) y los presupuestos habilitantes, esto es: las razones por las que una materia se ha legislado mediante un Decreto y no mediante un Proyecto de Ley. En este sentido, un miembro del Ejecutivo ha de explicar ante la cámara las razones de urgencia y la pertinencia de la norma. Un Decreto ha de ser aceptado o derogado en su totalidad, no se admiten enmiendas, y se requiere una mayoría simple para su ratificación, por lo que pueden darse dos situaciones: que la cámara lo apruebe y pase a ser un Decreto-ley convalidado o que la cámara lo rechace y sea derogado. La derogación de un Decreto no funciona con carácter retroactivo, es decir: los efectos prácticos de la ley en el periodo anterior a su tramitación parlamentaria no serán reparados si el Decreto-ley no se aprueba.

En este punto, el Decreto no es aún una ley, por lo que el Presidente de la Cámara debe preguntar a los grupos parlamentarios si alguno de ellos desea que sea tramitado como Proyecto de Ley. En caso de que así sea, se someterá a votación, y si la Cámara lo aprueba por mayoría simple, el Decreto se tramitará como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, en el que no caben enmiendas a la totalidad de devolución (procedimiento por el cual puede pedirse la devolución de Proyectos de ley al Gobierno), y por el que se reducen a la mitad los plazos para tramitar la ley.

En síntesis, el Decreto-ley facilita la rápida actuación del Ejecutivo en casos de urgencia, y sobre él recaen dos tipos de control: el parlamentario, con la necesaria ratificación de la norma, y el del Tribunal Constitucional, que vela por el cumplimiento de los límites con los que puede legislarse mediante Decreto-ley.

Implicaciones del uso del Decreto-ley

La principal ventaja de este método legislativo es, evidentemente, la rapidez con la que el Ejecutivo puede actuar en casos de urgencia, evitando la dilación de los procesos legislativos en el Parlamento. Sin embargo, los límites establecidos para que una materia pueda ser legislada mediante Decreto-ley tratan de contener un posible abuso por parte del Ejecutivo de una función (la legislativa) que no le es propia. En este sentido, hay dos cuestiones en las que se problematiza el uso de este mecanismo. La primera de ellas es la dificultad de delimitar tanto las materias en las que se puede legislar por Decreto como la definición de una situación de extraordinaria y urgente necesidad. La doctrina jurídica y las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional no son unívocas, aunque en cualquier caso es el pronunciamiento del TC el que prevalece en caso de Decretos-ley recurridos.

Por otro lado, en situaciones como la actual, en la que el Ejecutivo goza en el Congreso de mayoría absoluta, el uso del Decreto-ley conlleva una reducción sustancial del debate parlamentario y público acerca de la materia que se legisla. Es decir, una mayoría absoluta en el Congreso otorga al partido que gobierna una gran facilidad legislativa, si bien el funcionamiento de los trámites parlamentarios amortiguan el peso de esta supremacía mediante el debate parlamentario y la presentación de enmiendas a los proyectos legislativos. En el caso del Decreto-ley, la capacidad de intervención de los grupos parlamentarios se reduce, al tiempo que los plazos urgentes demandan una celeridad en los debates que hacen que éstos permanezcan menos tiempo en la esfera del debate público.

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Un comentario en Tiempos de Decreto-ley

  1. Guillermo el terrible dice:

    Este sistema está siendo la vía más sencilla para la pobre política actual. ¿Cuántas proposiciones de legislación ciudadana han tenido éxito en estos años a pesar de haber logrado el número de firmas suficientes? ¿Cuántos expertos coinciden en el mal uso de decretazo para regir un país irreflexivo y apresurado que baila al son del poder económico? ¿Cuál es la sutileza con la que se juega para no inmiscuirse en competencias ilícitas? ¿Qué se podría hacer para cambiar desde fuera el sistema, si no hay ningún organismo que obligue a un partido a que su programa sea vinculante? Si no se realizan cambios en nuestra constitución con cabeza, las reglas del juego seguirán favoreciendo a los de siempre.

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