Rechazo al macrorregulador

febrero 27 | En Nacional, Portada | Por | Con 3 Comentarios

El proyecto de ley para la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un superregulador que englobará a los Órganos Reguladores vigentes hasta ahora en España, se enfrenta al rechazo de la Comisión Europea, manifestado en más de una ocasión a los Ministros de Economía e Industria. Su tramitación parlamentaria se prorroga una semana más, y el Ejecutivo ha anunciado que remodelará el proyecto hasta encontrar la fórmula que garantice el visto bueno de las autoridades comunitarias.

Como el resto de países de la Unión Europea, España cuenta con un tejido institucional encargado de la supervisión pública de determinados sectores de la actividad económica a nivel nacional como el de la energía, las telecomunicaciones, los transportes o los servicios aeroportuarios, entre otros. A estos sectores se les reconoce, por su peso y por su uso de infraestructuras esenciales del país, una tendencia potencial a presentar fallos de mercado; es decir, son sectores en los que es necesaria una política regulatoria que asegure la competencia efectiva, defienda los intereses de productores y consumidores y, en definitiva, asegure que la Unión Europea siga funcionando como una economía de libre mercado. Se trata, a grandes rasgos, de contrarrestar tendencias oligopólicas y abuso de infraestructuras para que pueda seguir existiendo un mercado relativamente flexible que promueva la investigación, la innovación, la regulación de precios y la competencia entre las empresas que operan en los sectores estratégicos de las economías europeas. Entendidos como organismos que deben operar con independencia de los gobiernos y de los grandes intereses con los que a menudo se les relaciona, en la práctica sus actividades y conflictos revelan constantes injerencias políticas y económicas.

Comisión Nacional de los Mercados y la CompetenciaEn España, esta red institucional cuenta con las siguientes comisiones sectoriales: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA), la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Al margen de todos ellos se erige la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) como supervisora, a su vez, de la actividad de los organismos sectoriales. En términos generales, las comisiones sectoriales gozan de una capacidad de acción que se denomina “ex-ante”, lo que significa que realizan su control antes de que las empresas realicen determinadas actividades (fijación de costes, venta de participaciones, fusiones, etc.) mediante propuestas, recomendaciones, arbitraje, prohibición o sanción. Las funciones propias de la Comisión Nacional de la Competencia, sin embargo, son generalmente un control “ex-post”, pues actúa dirimiendo si determinadas operaciones de las empresas reguladas dañan o no a la competencia, aunque también establece directrices previas y funciona como órgano consultivo.

El presidente y los consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia son nombrados por Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía para un mandato de seis años. Las competencias de la CNC son de resolución y arbitraje, de instrucción y funciones consultivas en relación a la defensa de la competencia tal como la entienden las leyes vigentes. El Presidente de la CNC comparecerá al menos una vez al año en la Comisión parlamentaria de Economía y Hacienda. Los Organismos Reguladores, en su conjunto, están dotados de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Asimismo, están sometidos al control parlamentario y judicial. La ley que establece la personalidad y funciones de los Órganos Reguladores establece que ni el personal ni los miembros de los órganos rectores de los Organismos Reguladores o de la Comisión Nacional de la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada

El Proyecto de ley para la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, presentado en 2012 por el Ministerio de Economía y Competitividad, supone la fusión de todos los organismos de regulación sectorial y de la Comisión Nacional de la Competencia en un único macrorregulador. Además, establece el traspaso de determinadas competencias, antes en manos de los organismos reguladores, hacia el Ministerio de Industria. Con esta operación, según el Ministro de Economía, Luis de Guindos, se conseguirá un ahorro de 28 millones de euros al año.

La Comisión Europea, en cambio, ha mostrado su rechazo al proyecto, por entender que la la fusión de la Comisión Nacional de Competencia con el macrorregulador, que ya engloba los reguladores específicos, no garantiza su independencia con respecto al Gobierno. El pasado 11 de febrero la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, pasó de los consejos al ultimátum en una carta enviada a José Manuel Soria, Ministro de Industria, conminando al Ejecutivo a replantearse ciertos puntos del proyecto que, de no ser modificados, conllevarán la apertura de procedimientos de infracción.

Neelie Kroes y José M. Soria. EUROPA PRESS

Neelie Kroes y José M. Soria. EUROPA PRESS

Según la carta enviada a Soria, a la Comisión le preocupa el traslado de ciertas competencias definidas como “ex-ante” desde órganos reguladores independientes hacia el Ministerio de Industria. El desvío de tales competencias, según Neelie Kroes, priva a las comisiones reguladoras de las herramientas necesarias para llevar a cabo su actividad de forma plena (entre estas competencias se encuentra, por ejemplo, la llamada “Función 14”, que permite decidir quién puede hacerse con participaciones en las empresas reguladas del sector energético, prerrogativa de la Comisión Nacional de la Energía que, según la nueva ley, pasará a manos de Industria).

Por otro lado, la Comisión se muestra preocupada acerca de cómo se armonizará el trabajo de los reguladores españoles con sus homólogos europeos ahora que su estructura ha sido modificada. A nivel comunitario, los órganos reguladores independientes de cada país son reconocidos como Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANRs). Las referentes al ámbito de las telecomunicaciones trabajan conjuntamente en el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), por lo que la Comisión se plantea que la falta de competencias, la menor independencia política de la ANR española y su nueva estructura pueda socavar el trabajo de todo el organismo a nivel europeo.

Por último, Neelie Kroes advierte sobre la posibilidad de que, ante la creación de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no se respeten las condiciones legales de cese de los cargos vigentes en órganos como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. De hecho, el Ejecutivo español se mira en el espejo de Los Países Bajos, único país europeo que acometió una reforma similar. Sin embargo, Holanda estipuló que la reforma sería materializada paulatinamente en un plazo de cinco años, mientras que el proyecto de ley en España planea que la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia entre en funcionamiento en agosto de 2013.

La Comisión Europea otorga de este modo al Ejecutivo español una última oportunidad para dar marcha atrás en ciertos aspectos de la ley y evitar la vía de las sanciones. Durante las sesiones parlamentarias y la presentación de enmiendas al proyecto de ley, el Ejecutivo se ha mostrado abierto a modificar la estructura interna de la futura CNMT para que, dentro del superregulador, existan separaciones que se correspondan con los antiguos órganos sectoriales, pero no ha sido suficiente para satisfacer ni las críticas de la oposición, ni las demandas europeas, ni conseguir el visto bueno de los actuales mandatarios de los órganos reguladores independientes, que también han manifestado su descontento.

Finalmente, y ante el últimátum europeo, el Ejecutivo ha ampliado en una semana el plazo para presentar enmiendas al proyecto. En ese tiempo, planea rediseñar el organigrama del nuevo superregulador estableciendo, al menos, dos salas dentro del órgano, una para Competencia y otra para el resto de reguladores, con el objetivo de reforzar la independencia entre ambos tipos de control y esperando así contentar a las autoridades europeas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, por el momento y tras reunirse con José Manuel Soria en Barcelona, dentro del Mobile World Congress, ha manifestado su satisfacción con los cambios que el Ministro planea introducir al proyecto.

 

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3 comentarios en Rechazo al macrorregulador

  1. [...] oculta la frecuente vulneración de la libre competencia por parte de compañías cotizadas: la Comisión Nacional de la Competencia impuso multas por valor de 454 millones de euros durante el periodo 2012-2013, un 88% más respecto [...]

  2. [...] de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Conociéndolo y acercándonos a las noticias que lo implican quizá podamos valorar si su labor [...]

  3. [...] La creación del Macrorregulador pondría en peligro la independencia del Organismo con respecto al … [...]

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