Es verano: acerquémonos a la costa y a su nueva ley

junio 19 | En Contexto | Por | Con Sin comentarios

El 29 de mayo entró en vigor la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la anterior Ley de Costas de 1988, y nos preguntamos: ¿Qué cambios ha introducido en la gestión del dominio público marítimo terrestre, algunos de los cuales motivaron que activistas de Greenpeace escalaran hasta el tejado del Congreso para manifestar su desacuerdo?

Para entenderlo hay aludir a la ley de costas de 1988, que supuso un considerable esfuerzo por proteger el litoral y regular la construcción y las actividades económicas en las zonas de dominio público marítimo-terrestre tras el desarrollismo de las dos décadas anteriores. Con el transcurso de los años, y en opinión de asociaciones de defensa de la naturaleza, la ley se ha mostrado menos efectiva de lo que cabría esperar, principalmente en lo que atañe a la gestión de las zonas costeras por parte de municipios litorales, abusando en muchos casos de su capacidad para recalificar terrenos.

Costa Málaga

Las autorizaciones para chiringuitos pasan de 1 a 4 años. FOTO: Clara de Paúl

 

La Ley de Costas realizaba un deslinde (delimitación de terrenos para establecer qué zonas son consideradas de titularidad pública) que acotaba el dominio público marítimo-terrestre en 100 metros desde la ribera del mar y que quedó prohibido para uso residencial . En algunos casos, esta zona podía ser ampliada hasta los 200 metros, y reducida hasta 20 metros en los terrenos declarados como suelo urbano con anterioridad a 1988. En muchos casos, viviendas y otras construcciones anteriores a 1988 pasaron a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, por lo que se compensó a sus propietarios con una concesión de 30 años, prorrogables en otros 30, para su disfrute. Aquellas concesiones comenzarían a caducar en 2018, de ahí que uno de los cometidos de esta nueva ley sea proponer una alternativa a los miles de derrumbes que habría que acometer a partir de ese año.

Llegados a este punto, encontramos dos concepciones enfrentadas de lo que debería ser el litoral español y la forma en que habría de ser gestionado. Por un lado, los propietarios de terrenos que pasaron a dominio público tras el deslinde (no sólo dedicados a viviendas sino a actividades de explotación turística e industrial), han tratado de alzar la voz para reclamar su derecho a la propiedad de los terrenos sin temer al fin de las concesiones y al consecuente derrumbe que marcaba la ley. En el lado opuesto se sitúan las iniciativas ecologistas que esperaban que las construcciones en dominio público marítimo-terrestre fuesen paulatinamente eliminadas al término de las concesiones. Para unos, el litoral es un espacio natural digno de una protección especial, mientras que para otros representa un escenario clave para el desarrollo de actividades turísticas y comerciales.

¿Cuáles son las propuestas de la nueva ley en lo referente al uso y protección del litoral? Se puede afirmar que la nueva norma mantiene en esencia las mismas soluciones que aportaba el legislador anterior, sin acometer nuevas proyecciones de deslinde y aprovechando todo el trabajo ya hecho desde 1988 (aún no se ha finalizado el deslinde iniciado con aquella ley). Sigue vigente, como norma general, la prohibición del uso residencial (que incluye el hotelero) del dominio público marítimo-terrestre y de las zonas de servidumbre. Se consolida, sin embargo, el uso privado de las zonas en concesión, ampliando el plazo de las mismas hasta 75 años y permitiendo su traspaso inter-vivos, antes prohibido. Además, se podrán realizar obras de mejora en las construcciones siempre que éstas no impliquen un aumento de la superficie o la altura, por lo cual las construcciones en dominio público no podrán crecer, pero sí sobrevivir al derrumbe y permanecer en las playas por más de cien años (si se suma la prórroga de 30 años de la ley anterior y los 75 de la actual).

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), existen 12.800 viviendas en dominio público y más de 125.000 construcciones en servidumbre de protección (aquella zona próxima a la ribera del mar que, pese a no constar como dominio público, cumple la función de dar protección a la costa). Esta es la clave de otro gran pilar de la ley: tratar de dar salida a algunos de los núcleos urbanos costeros más densos y de mayor antigüedad, que quedan eximidos de la norma. Son 10 los municipios que dejarán de ser dominio público* para pasar a ser zona en servidumbre de protección, con lo cual no podrán crecer, pero desaparece la amenaza de derrumbe y su titularidad será ahora privada. Se calcula que estos diez municipios suponen un total de 10.000 viviendas.

Las autorizaciones para chiringuitos pasan de 1 a 4 años. FOTO: Clara de Paúl

Costa malagueña. FOTO: Clara de Paúl

Por otro lado, se amplían las autorizaciones para chiringuitos, que pasan de 1 a 4 años, se excluyen del dominio público algunos tipos de zonas inundables como las salinas y las zonas de cultivo marino y se contemplan cambios que relajan las condiciones de uso del dominio público para los puertos privados.

Como novedades, la ley ha querido destacar una cláusula “Antialgarrobico”, que faculta al Delegado del Gobierno para “suspender de forma cautelar actuaciones urbanísticas ilegales en la costa”, quedando la decisión final en manos de los tribunales. Además, ha querido manifestar la atención al cambio climático anunciando una “estrategia de adaptación” a sus efectos prevista para dentro de dos años. En el caso de Formentera, además, establece un deslinde distinto basado su especial configuración, que reduce notablemente la anchura del dominio público para evitar que prácticamente toda la isla sea considerada como tal. Con esta ley, el Gobierno afirma haber tratado de aunar la protección del litoral con el incremento de la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas (ocupaciones en dominio público) así como la promoción de “actividades económicas en la costa respetuosas con el medio ambiente”.

Según apuntábamos, asociaciones de defensa del medio ambiente como Ecologistas en Acción o Greenpeace, entre otros, consideran que la ley desprotege el litoral y fomenta los fallos de la anterior ley. Creen que consolida la privatización del las costas y que fomenta no sólo su uso residencial sino también industrial, empeorando notablemente las condiciones medioambientales del litoral, que ya consideran dañadas en exceso.

Más allá de la defensa del medio ambiente, algunos puntos de la ley podrían contravenir otras normas jurídicas. Es el caso de la elección de los 10 municipios eximidos de la norma, que puede considerarse como una infracción del principio de igualdad, pues deja jurídicamente desprotegidos a muchos otros propietarios. El mismo principio podría romperse en el caso de Formentera, al aplicarle un régimen de protección más relajado. Por otro lado, se pone en cuestión la legalidad de la intromisión de un Delegado del Gobierno en una competencia de los Ayuntamientos.

En este sentido, parte de la oposición amenazó con llevar la nueva ley ante el Tribunal Constitucional, y el PSOE denunció ante Bruselas que la norma puede violar hasta seis directivas europeas, por lo que habrá que prestar atención a posibles cambios en la permanencia de esta nueva ley.

 

*Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre:  Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante. Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante. Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón. Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona. Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona. Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva. Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva. Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva. Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga. El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga. Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra. Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia.

Las autorizaciones para chiringuitos pasan de 1 a 4 años

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