Hasta aquí la Doctrina Parot

octubre 21 | En Contexto, Nacional | Por | Con Sin comentarios

Se conoce como Doctrina Parot a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2006 con la que se evitó la puesta en libertad de Henri Parot, condenado por el atentado que causó la muerte de 11 personas en la casa cuartel de Zaragoza, tras haber cumplido 16 años de cárcel. Hasta entonces, el Código Penal establecía que cada dos días de trabajo o estudio se concediera uno de redención, que se aplicaba sobre la pena máxima de 30 años prevista en el Código Penal desde 1973. El cambio que supuso esta doctrina, es que los beneficios adquiridos se aplicaran sobre el cómputo global de penas y no sobre los 30 años de pena máxima, con el fin de que los delincuentes con mayores penas, entre ellos terroristas y asesinos con más de tres condenas, permanecieran en la cárcel al menos tres décadas.

Los antecedentes de esta doctrina se remontan a 1993, cuando la Audiencia de Huelva sentenció la aplicación de los beneficios de redención del condenado por el asesinato de una menor José Franco de la Cruz, El Boca, al cómputo total de sus condenas. La sentencia, sin embargo, fue revocada por el Tribunal Supremo en 1994.Tribunal-Europeo-Derechos-Humanos-jurisprudencia-formacion

Hoy, 21 de octubre de 2013, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha condenado a España por la aplicación de la Doctrina Parot con carácter retroactivo a la presa Inés del Río, lo que puede significar el fin de la doctrina. Del Río está condenada a más de 3.000 años de cárcel por atentados como el de la plaza República Dominicana en Madrid en 1986 en el que murieron 12 guardias civiles, un mes antes de que se hiciera efectiva su salida en prisión el 2 de julio de 2008. La Audiencia Nacional estableció entonces que, según la Doctrina Parot, su salida en prisión debería hacerse efectiva el 27 de junio de 2017, por lo que Inés del Río presentó una demanda en el TEDH solicitando su puesta en libertad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en 2012 condenando a España, exigiendo la puesta en libertad de la presa e imponiendo una sanción de 30.000 euros, ante lo que el Gobierno presentó un recurso y siguió aplicando la doctrina hasta hoy, día de su resolución con el aval del Tribunal Constitucional (TC).

La decisión de si esta sentencia se aplica también a los otros 53 presos de ETA y otros aproximadamente 20 condenados que continúan en la cárcel por esta doctrina, corresponde a la Sala de lo Penal de la Audencia Nacional, que se reunirá este viernes 25 de octubre.

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