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Los #JuevesASol y el ocaso de las autonómicas

octubre 24 | En Contexto | Por | Con Sin comentarios

Hasta marzo de 2012 las televisiones autonómicas eran de obligatoria titularidad estatal. Otorgadas en régimen de concesión a las Comunidades Autónomas, éstas eran las únicas concesionarias y encargadas de su funcionamiento y gestión. Las autonómicas nacieron en los 80 reproduciendo el modelo de TVE para consolidarse en los 90 como el tercer pilar en el audiovisual español, después del ente público y los canales privados.

Con la llegada de la crisis, la bajada de los ingresos por publicidad, el aumento de oferta televisiva con el sistema digital y, según el caso, la deriva en la gestión económica de las televisiones regionales, la mayoría de los entes de radio-televisión pública autonómicos presentaba un déficit desproporcionado, unos datos de audiencia en caída libre y un cuadro laboral desactualizado. Al reto de ofrecer un servicio público de calidad se sumaba la tarea de asimilar los cambios tecnológicos y de hacer frente a unos recortes prácticamente inevitables, por la deuda pasada y por la que estaba por llegar.

Ante esta tesitura, la propuesta del Gobierno fue “flexibilizar los modos de gestión”, que en la práctica permite a los gobiernos regionales privatizar sus medios de comunicación o parte de ellos, externalizar determinados servicios o, directamente, eliminarlos. La libertad para conservar bajo titularidad pública los medios autonómicos choca ahora con un límite: la prohibición de presentar déficit presupuestario, norma incluida en la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual de 2012.

JuevesASol SalvemosTelemadrid

Ya en 2010 la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual quiso afrontar legalmente el cambio de modelo en la explotación del negocio de la televisión y la radio. No se ocupó demasiado de los medios públicos autonómicos, pero derogó su antiguo marco legal, la llamada Ley del Tercer Canal, de 1983. Sin concretar medidas en el ámbito autonómico y más centrada en RTVE, la ley de 2010 indujo sin embargo a una reforma similar de las radios y televisiones públicas autonómicas en el sentido de reformular su misión como servicio público, valorar un nuevo equilibrio entre la producción propia y la externalizada, sopesar nuevas vías de financiación y mejorar la transparencia financiera para justificar la inversión pública.

La senda que se abrió con la Ley de 2010 se materializó, para las Comunidades Autónomas, en 2012. En este punto surgen dos preguntas: si el marco legal estatal y europeo entienden la radio-televisión pública como garante de la democracia, de la atención a las necesidades sociales y culturales de la población y del pluralismo en los medios de comunicación, ¿cómo se reformula su cometido al abrirse la puerta a la privatización? Y otra más coyuntural: ¿Cómo pueden las televisiones autonómicas españolas con más deuda acumulada presentar una estructura no deficitaria sin un plan de recuperación a largo plazo, si es que quieren mantener la calidad del servicio y los niveles de audiencia?

Los afectados por los EREs paulatinamente acometidos por los medios públicos autonómicos han debido ser los que más han cavilado sobre estas cuestiones. Todos los jueves a las 12 de la mañana los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo en Radio Televisión Madrid, que dejó sin trabajo a 861 personas a principios de año, se manifiestan en el centro de la ciudad. El ERE presentado por la cadena autonómica permitía el despido de hasta 925 trabajadores del total de 1.161 con que contaba la empresa pública. Sin embargo, ya el pasado abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo consideró improcedente, alegando que las razones económicas esgrimidas por la JuevesASol Salvemos Telemadridempresa no eran ni las adecuadas ni las suficientes para justificar el despido colectivo. El Tribunal consideró que el gasto corriente de la empresa era sobredimensionado y que sólo en 2012 comenzaron los recortes de inversión pública; esa disminución de ingresos no basta, según la sentencia, para despedir legalmente casi al 90% de la plantilla con las indemnizaciones a la baja propuestas por Telemadrid. Los ex trabajadores de la cadena reclaman mayores indemnizaciones o la readmisión en sus puestos, y señalan como culpables de la banca rota de Telemadrid a los directivos de la cadena y su gestión económica.

Los despidos colectivos han sido la tónica en el resto de grandes cadenas de televisión autonómicas. Después de un año desde la aprobación de la reforma de la Ley de la Comunicación Audiovisual la situación general se mantiene sin cambios, la audiencia de las autonómicas sigue cayendo pero no se han acometido cierres ni privatizaciones totales de las cadenas públicas regionales.

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