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La ONU no tiene quién le escuche

noviembre 7 | En Contexto, Internacional, Portada | Por | Con Sin comentarios

El pasado 30 de octubre conocíamos que la votación en la Asamblea General de la ONU daba un abrumador apoyo a la eliminación del bloqueo económico a Cuba por parte de Estados Unidos: 188 países votaron a favor de la eliminación del bloqueo, hubo tres abstenciones y sólo Estados Unidos e Israel votaron en contra. A pesar de que es el vigésimo segundo año consecutivo que el resultado de la votación manifiesta una clara condena al bloqueo, el voto es simbólico, porque las resoluciones en la Asamblea General no son vinculantes.

Por un lado, la votación nos impulsa a conocer más de cerca el bloqueo económico estadounidense hacia Cuba desde 1962 y sus implicaciones, pero haremos una parada en el camino para intentar esclarecer el propio esquema institucional de las Naciones Unidas, y entender por qué una votación a nivel mundial con un mismo resultado durante 22 años consecutivos queda en una simple declaración de intenciones.

La Carta de las Naciones Unidas establece que todos los países miembros (193 en la actualidad) han de acatar las decisiones del Consejo de Seguridad, mientras que el resto de órganos de la ONU sólo puede hacer recomendaciones. Los miembros de las Naciones Unidas, con su adhesión a la organización, aprueban que el Consejo de Seguridad actúa en su nombre al desempeñar su tarea de mantener la paz y la seguridad internacionales. Lo interesante en este punto es, por tanto, visualizar el esquema de los principales órganos de la ONU y saber cómo se conforma el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la práctica el órgano de gobierno real de la organización más grande del mundo, que en el ejercicio 2010-2011 manejó un presupuesto superior a los 5.000 millones de dólares.

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los que cinco son permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Los otros diez restantes son países designados por la Asamblea General como miembros del Consejo para un periodo de dos años; una elección hecha en función de “su contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” y a una distribución geográfica equitativa de las membresías (cinco para los países de África y Asia; una para los países de Europa Oriental; dos para los países de América Latina y el Caribe; y dos para los de Europa Occidental y demás países).

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Las decisiones sobre cuestiones de fondo (las que no son meramente procedimentales dentro del Consejo) se toman por voto afirmativo de al menos 9 de los 15 miembros del Consejo, pero han de estar incluidos los cinco votos afirmativos de los miembros permanentes. Esta desigualdad en la capacidad de voto es lo que se conoce como “derecho de veto”: cuando uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo bloqueándola, aunque según el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas los países directamente implicados en el asunto propuesto no tienen derecho a votar sobre él.

El derecho a veto es una especie de “regla de unanimidad” de las grandes potencias que todos los miembros permanentes han usado en alguna ocasión y que ha generado muchas críticas. La propia organización admite que “la cuestión del derecho de veto en el Consejo de Seguridad ha sido ampliamente discutida porque se considera como una práctica que vulnera la democracia al interior de este órgano. Dentro de los planteamientos de reforma de la ONU se ha estudiado la posibilidad de eliminar el derecho de veto, aunque no se ha llegado a ningún consenso”. En efecto, desde los años 90 varios países miembros de la ONU han reclamado una reconfiguración del órgano central de la organización y, aunque se conformaron grupos de trabajo para estudiar la reforma, los informes y estudios han quedado hasta la fecha inconclusos.

El Consejo de Seguridad tiene además la capacidad de dictar su propio reglamento, mediante el que se establece, por ejemplo, cómo elegir a su presidente. El primer reglamento del órgano data de 1946 y desde entonces ha sido modificado en once ocasiones.

La Asamblea General, en cambio, se configura como el órgano central de la organización, porque da cabida a los 193 países miembros, cada uno de ellos representado por un voto, y funciona como principal escenario deliberativo y de representación de los países. Es el gran foro de la organización, en el que se formulan políticas y se plantean resoluciones referentes a cualquier asunto de índole internacional con cabida en la Carta de las Naciones Unidas. En este foro se celebró la votación referente al bloqueo económico a Cuba con la que iniciábamos este análisis: en aquella sesión los representantes de ambos países implicados tuvieron el momento y el lugar para valorar el resultado de la votación, pero como apuntábamos, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes.

Otro de los órganos que repetía el esquema del Consejo de Seguridad es el Consejo de Administración Fiduciaria, si bien en la actualidad permanece inactivo. Fue creado para supervisar internacionalmente los once territorios que en 1946 permanecían en fideicomiso confiados a 7 Estados Miembros, y regular su camino hacia el gobierno propio. Constituido por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dejó de funcionar anualmente en 1994 tras la independencia de Palau, acordando reunirse en el momento necesario por decisión propia, de su Presidente o a petición de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad.

El Consejo Económico y Social es otro de los grandes órganos que integran la ONU: compuesto por 54 países nombrados por la Asamblea General para un periodo de tres años “se ocupa de los problemas económicos, sociales y ambientales del mundo”. Su principal cometido es la regulación de los 14 organismos especializados adscritos a la ONU, 9 comisiones orgánicas y cinco comisiones regionales, lo que supone cerca del 70% de los recursos financieros, materiales y humanos con que cuenta la organización. Sus principales actividades se regulan en los Exámenes Ministeriales Anuales y en el Foro sobre Cooperación al Desarrollo, de periodicidad bienal.

La Corte Internacional de Justicia se encarga de las controversias jurídicas entre Estados miembros, así como de responder a las consultas judiciales de otros órganos de la ONU. Está compuesta por 15 magistrados, nombrados para mandatos de nueve años por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. En esta Corte Internacional sólo los estados pueden ser parte en los procedimientos contenciosos y, al firmar la Carta, “los Estados Miembros se comprometen a cumplir con cualquier decisión de la Corte en los casos de los que sean partes. Además, dado que un procedimiento solo competerá a la Corte y ésta solo tendrá poder de decisión sobre el mismo si las partes han aceptado su jurisdicción, es poco frecuente que no se apliquen sus decisiones. Si un Estado defiende que la otra parte no ha cumplido con las obligaciones derivadas de un fallo de la Corte, podrá presentar el asunto ante el Consejo de Seguridad, que tiene poder para hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para que la sentencia tenga efecto”.

Por último, la Secretaría es el órgano que coordina el cuerpo funcionarial que trabaja al servicio del resto de órganos y administra sus programas y políticas. El Secretario General, en la actualidad Ban Ki Moon, es nombrado por la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad por un mandato de 5 años renovable. En 2011 la Secretaría de la ONU contaba con más de 43.ooo funcionarios en todo el mundo.

A día de hoy, España ha presentado su candidatura para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016: para las dos plazas disponibles tendrá que competir con Turquía y Nueva Zelanda. De conseguirlo, sería la quinta vez que España se sienta en un “sillón no permanente” del verdadero centro de poder de la ONU.

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