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La infanta Cristina y el interés general

enero 8 | En Contexto, Nacional | Por | Con Sin comentarios

¿Quién actúa como demandante en el caso Nóos? ¿Por qué la Fiscalía puede oponerse a la imputación de la infanta Cristina en la causa judicial?

Nuestro sistema jurídico presenta tres formas de personarse como acusación en una causa penal: particular, popular o fiscal. Los tres tipos de acusación pueden personarse en un mismo proceso judicial. La acusación particular es la que llevan a cabo los directamente perjudicados por el delito y está amparada por el artículo 24 de la Constitución, relativo al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. Es la acusación más común; sin ella, por ejemplo, los delitos por calumnias no existirían.

La acusación fiscal es la que corresponde al Ministerio Público, la institución propia de los estados de derecho que encarna la representación de los intereses de la sociedad. Representa a la personalidad jurídica del Estado, y en España se conforma como el Ministerio Fiscal, órgano con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Su función es la de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.

La estructura de la Fiscalía simula el esquema territorial del Poder Judicial, adaptándose al mapa autonómico y dando lugar a las Fiscalías de Comunidad Autónoma, las Provinciales y las de Área. Pero también se constituye en órganos no territoriales: la Fiscalía General, la del Tribunal Supremo y del Constitucional y las Fiscalías Especiales: entre ellas la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En el caso Nóos, instruido por el titular del juzgado número 3 de Palma, José Castro, fue la fiscalía anticorrupción la que llevó ante la Audiencia Provincial de Palma la imputación de la infanta Cristina. La Audiencia Provincial dio la razón al fiscal, vetando la imputación penal de la hija del Rey.

La acusación popular, por último, es una rareza del ordenamiento jurídico español entre los países del entorno, una particularidad no exenta de polémica que ya estaba presente en la Constitución de 1812. Permite que cualquier ciudadano pueda personarse como acusación penal aunque no sea afectado personalmente por el delito denunciado, y se ideó como método para neutralizar la posición única de la Físcalía en el caso de no existir acusación particular. En España ha sido bastante utilizada en casos de corrupción y en otras actuaciones en las que median actores con gran poder económico o político, aunque a veces ha podido usarse por motivos menos claros que la búsqueda de justicia.

De hecho, dos sentencias del Tribunal Supremo han sentado jurisprudencia respecto a la acusación popular recientemente. Una de ellas, conocida como doctrina Botín, procede de la sentencia que eximió de los cargos por una cesión de créditos al director del Banco Santander, Emilio Botín. El Supremo estableció que ante la falta de acusación particular y de la Fiscalía, la sola presencia de acusación popular no permitía seguir adelante con la causa.

La segunda sentencia parece contradecir a la primera: la doctrina Atutxa nace de un juicio por desobediencia civil contra el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak. Contra Atutxa la única acusación personada era la popular -también representada por Manos Limpias, acusación personada en el caso Nóos- . Sin embargo, el Supremo consideró que en esta ocasión la acusación popular sí representaba al conjunto de la sociedad, no así en el caso del juicio contra Botín.

La abogacía del Estado está personada como acusación particular en el Caso Nóos en representación de los intereses de la Agencia Tributaria. Sin embargo, tanto la abogacía (acusación particular) como la Fiscalía Anticorrupción (acusación fiscal) han recurrido  la imputación de la infanta Cristina ante la Audiencia Provincial de Palma. La infanta solo se enfrenta a la acusación popular para ser o no imputada en el caso Nóos. Conociendo ahora la doctrina Botín y la doctrina Atutxa, y sabiendo que los delitos atribuidos a la infanta son de blanqueo de capitales y fraude fiscal -cuyo principal perjudicado sería Hacienda-, ya tenemos más herramienats para considerar si en este caso la acusación popular representa al interés general.

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