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El camino de vuelta de la sanidad madrileña

enero 28 | En Contexto | Por | Con Sin comentarios

¿Qué supone la decisión del pasado lunes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la suspensión cautelar del proceso de externalización de la sanidad madrileña y la posterior dimisión del consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty? Sí, es una pregunta extremadamente larga y cuya respuesta ya conoces. Sin embargo, aquí tienes unas claves para recordar el proceso en su conjunto.

El gobierno regional del PP en Madrid abrió en noviembre de 2012 un concurso para adjudicar a empresas privadas la gestión de seis hospitales de la comunidad autónoma, construidos en 2008. Junto con la externalización de la gestión de otros 27 centros de salud, el ejecutivo regional aseguraba un ahorro de 170 millones de euros anuales. En estos centros, todos los servicios están ya en manos de empresas privadas, salvo la atención médica, que el gobierno de Madrid planeaba también externalizar, aunque los centros continuarían siendo de titularidad pública.

Los seis hospitales cuya gestión salió a concurso son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda) y Hospital del Tajo (Aranjuez). En julio de 2013, se conocieron las empresas que se encargarían de la gestión de los centros, las únicas tres que fueron a concurso: Sanitas, el grupo portorriqueño Hima San Pablo y Ribera Salud. En la Comunidad de Madrid ya existen tres hospitales que funcionan con este tipo de gestión desde el momento de su creación: el rey Juan Carlos I, en Móstoles, el de Torrejón de Ardoz y el de infanta Elena, en Valdemoro. Todos ellos son hospitales de nivel 2 que no realizan intervenciones complejas.

La comunidad sanitaria actuó con contundencia: la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató a un bufete de abogados para enfrentar el proceso en los juzgados, así como la asociación médica Amyts. Además, el PSOE de Madrid quiso ser parte denunciante, aunque los jueces entendieron que no les correspondía ese derecho, decisión que a su vez el partido recurrió. En total, se han presentado siete recursos contra el concurso de licitaciones para la gestión privada de los hospitales.

La protesta no solo se mantuvo en los juzgados: las denominadas “mareas blancas”, mediante las que los profesionales sanitarios aglutinaron su rechazo al proyecto, promovieron manifestaciones, varias jornadas de paros, huelgas y dimisiones en bloque de equipos médicos, principalmente asesores, de los hospitales en proceso de privatización. Los profesionales sanitarios argumentaron que el proceso desmantelaría el sistema sanitario, poniendo en riesgo el sistema público de salud al hacer primar los criterios económicos frente a los médicos. De haberse continuado con la privatización de la atención médica, el personal sanitario de los hospitales podría pedir una excedencia para continuar trabajando en su mismo destino (siendo personal de la empresa privada) o podría solicitar un traslado a otro con gestión pública.

El proceso de privatización lleva paralizado desde verano del pasado año: en julio de 2013 los tribunales detuvieron temporalmente la externalización, que solo mantuvo durante dos semanas. En septiembre, otro juzgado decretaba una suspensión cautelar del proceso. En ese momento, tanto la Comunidad de Madrid como las empresas concesionarias elevaron hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  un recurso de reposición para seguir adelante con el proyecto. El 9 de enero el pleno de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió devolver los recursos hasta su sección judicial de procedencia. Esto supuso apoyar la suspensión cautelar del proceso, decretada por las salas Tercera y Octava de lo Contencioso-Administrativo del TSJM. De esta forma se revocaba la decisión de unificar en esta sala la revisión de todos ellos.

A pesar de situarse ante juzgados distintos, todos los recursos imponen jurisdicción al resto, por entenderse como parte de un mismo proceso. De esta forma, cuando la sala Tercera de lo Contencioso del TSJM volvió a decretar la supresión cautelar del proceso, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, dio por finalizado el proceso judicial retirando el proyecto. El tribunal apuntaba en su auto que paralizaba cautelarmente el proceso para evitar “perjuicios de imposible reparación”, entendiendo que  los cálculos de ahorro del gobierno regional eran ”meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad”.

Aunque Ignacio González no cerró la puerta a reconsiderar más adelante reiniciar el proceso de externalización de servicios sanitarios, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, presentó su dimisión.

 

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