Quizá te interese »

El Tribunal de Cuentas

enero 30 | En Portada | Por | Con Sin comentarios

Tan solo la última semana el Tribunal de Cuentas ha cuestionado el procedimiento “secreto” de la contratación en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); ha detectado irregularidades en Canal Sur Radio, La Agencia del Agua y la Empresa Pública del Deporte; ha observado “numerosas deficiencias” en contratos públicos entre 2010 y 2011. Visto así, parece un órgano valioso en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública del que quizá no sabemos demasiado.

El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del conjunto de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos. Cuenta con un presupuesto diferenciado dentro de los Presupuestos Generales del Estado, establecido por el propio tribunal, y atiende a la Constitución, a la Ley Orgánica 2/1982, y a una Ley de Funcionamiento propia, de 1988.

Como institución, posee una larga y rica historia: la figura data en España del siglo XVI. En su forma actual, depende del Poder Legislativo, que elige a sus doce miembros a partes iguales entre Parlamento y Senado. Sus funciones son de dos tipos: fiscalizadora y jurisdiccional.

tribunal2La función fiscalizadora se dirige a comprobar “si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía”; el destinatario de ese trabajo son Parlamento y Senado o, en el nivel autonómico, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de modo que funciona como voz técnica en la evaluación crítica de la gestión pública, para que las Cortes dispongan el control político o parlamentario necesario. Es, de hecho, un mecanismo de rendición de cuentas de la gestión económica pública.

En cuanto a su función jurisdiccional, enjuicia “la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos”.

El Tribunal de Cuentas lo componen doce Consejeros de Cuentas, elegidos por Parlamento y Senado. Los miembros eligen a su presidente, de entre alguno de los doce. Junto con el Fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, nombrado por el Gobierno, los doce consejeros constituyen el Pleno de este órgano.

Hay siete departamentos dentro de la parte fiscalizadora, cinco sectoriales y otros dos territoriales, a la cabeza de cada cual se encuentra un Consejero de Cuentas. Los sectoriales son el área de Administración Económica del Estado, el área Político-Administrativa, el de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social, de Empresas Estatales y otros Entes Públicos y el área Financiera y de Fundaciones y otros Entes Estatales. Los territoriales son el departamento de Comunidades y Ciudades Autónomas y el departamento de Entidades Locales.

Para la otra tarea del Tribunal existe la Sección de Enjuiciamiento, que se compone de un presidente y dos Consejeros de Cuentas; actualmente se divide en tres departamentos con el mismo ámbito competencial más una Sala de Justicia, también integrada por los tres miembros.

En sus amplias memorias anuales, el Tribunal de Cuentas rinde acerca de su labor durante el ejercicio, de su relación con las Cortes y con otros organismos con los que se coordina. Para el trabajo conjunto con el Parlamento, se establece una Comisión Mixta Congreso-Senado mediante la que el Tribunal de Cuentas mantiene un contacto permanente con el poder legislativo. Por ejemplo, en 2011, último año en que el Tribunal de Cuentas ha publicado su memoria anual, el Presidente del Tribunal compareció en 7 ocasiones ante la Comisión Mixta. En ellas, presentó un total de 18 informes de fiscalización y “atendió a las diferentes cuestiones que fueron planteadas por los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios”. A raíz de tales informes, se entiende que Parlamento y Senado han de adoptar resoluciones en consecuencia.

Aunque el Tribunal de Cuentas extiende su competencia a la totalidad del sector público en todos sus niveles, la realidad es que la mayoría de las Comunidades Autónomas han constituido Órganos de Control Externo (OCEX) propios. La legislación establece, sin embargo, que las competencias del Tribunal de Cuentas no cambian según existan o no estos otros tribunales, por lo que han de trabajar continuamente, cruzando sus informes de fiscalización y manteniendo reuniones de coordinación.

El presupuesto del Tribunal de Cuentas para 2011 fue de 62.216.140 euros, de los que casi 53 millones de euros se destinaron gastos de personal.

En estos días conocíamos la noticia de que el Tribunal de Cuentas fiscalizará también, y por vez primera, las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Conociéndolo y acercándonos a las noticias que lo implican quizá podamos valorar si su labor es o no suficiente.

Share

Pin It

Contenidos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!

« »

Política

Síguenos en Facebook

Scroll to top